Diputados del PVEM, encabezados por su coordinador Arturo Escobar y Vega, informaron que presentaron una iniciativa de reforma constitucional para castigar con pena de muerte los delitos de violación, feminicidio y homicidio contra menores de edad.

En conferencia de prensa, indicaron que el documento se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y tiene por objeto eliminar los obstáculos constitucionales para el establecimiento de la pena de muerte en el país, adecuando las disposiciones que resulten pertinentes para su aplicación.

El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar, integrante en la Comisión de Puntos Constitucionales, explicó que la propuesta plantea modificar los artículos 18, 22, 29 y 94 de la Carta Magna y “denunciar” dos tratados internacionales que prohíben la pena de muerte: la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como los protocolos de ambos.

Asimismo, busca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva de manera exclusiva y prioritaria, por la vía de atracción, todos los amparos sobre pena de muerte.

Escobar y Vega consideró que es necesario volver a someter a discusión del Congreso la posibilidad de que por las conductas más aberrantes que puede ejecutar un hombre o una mujer sea condenado a la pena capital.

Recordó que en 2009, el PVEM impulsó la pena de muerte para secuestradores, debido a que ese delito tuvo un incremento en ese año, y en 2018, a través de Carlos Puente Salas, quien fuera coordinador en el Senado de la República, promovió la misma sanción para secuestro, violación y homicidio.

“Lo lamentable del asunto deriva en que pasan los años y México vive en un estado de absoluta excepción, especialmente con conductas tan crueles como la que en los últimos días hemos conocido con la niña Fátima, que un hombre y una mujer decidiendo generar la conducta más antisocial secuestrándola, violándola y matándola”, señaló.

Escobar y Vega consideró que encontrarán resistencias en constitucionalistas, estudiosos y defensores de derechos humanos. “A ellos les decimos que estamos abiertos al debate, pero que en virtud de que México vive un estado de excepción requiere de reglas para México, (porque) sin duda la impunidad es uno de los grandes temas que enfrenta”.

“México requiere excepciones en el sistema de procuración de justicia, especialmente en el sistema penitenciario donde se prevea que aquellas conductas que se conozcan, que se encuentre a los responsables y que la Corte los confirme, paguen con su vida, la vida que ellos no perdonaron”, apuntó.

El diputado Carlos Alberto Puente Salas aseguró que la iniciativa que nuevamente someten a consideración es un clamor ciudadano, por lo que se requiere dialogar, discutir y analizar lo que puede ser una sanción ejemplar, mayor, para inhibir este tipo de conductas.

Planteó la necesidad de discutir el tema a través del parlamento abierto, para que el Congreso le abra las puertas a los académicos, intelectuales y a la sociedad civil organizada, a fin de que puedan ser parte del proceso; “claro que estaremos abiertos y lo vamos a platicar con todas las fuerzas políticas”.

“Celebramos que tengan apertura para por lo menos ponerlo en la mesa, analizarlo, debatirlo y discutirlo de manera clara, transparente y abierta de cara a la nación”, dijo.

El diputado José Ricardo Gallardo Cardona externó su postura a favor de la pena de muerte. “Las mexicanas y los mexicanos tienen sed de justicia y piden que ya haya un paro a todo lo que está sucediendo a lo largo y ancho del país, ante la pérdida de valores familiares, (por ello) es necesario un remedio de fondo contra la violencia”, concluyó.