Los estragos de la desigualdad y el bajo crecimiento se asocian y “conspiran” contra el desarrollo, la inclusión y la productividad de los países, en particular los más atrasados, aseguró la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena.

Al participar en el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) celebrado en Davos, Suiza, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) afirmó que ocho países de la región cambiaron a sus líderes durante 2019 y fue un año histórico en términos de agitación social.

El crecimiento económico se desaceleró en 18 de los 20 países de América Latina y en 23 de las 33 economías de la región de América Latina y el Caribe en general, expuso.

En el panel Perspectiva Estratégica: América Latina, la funcionaria refirió que la región creció 0.1 por ciento en 2019 y se proyecta un crecimiento de 1.3 por ciento hacia finales de 2020, y que si bien los países han progresado mucho en términos de reducción de la pobreza, aún no han hecho el mismo esfuerzo por combatir la desigualdad.

“La persistencia (de la desigualdad) está en el corazón de las crecientes demandas y presiones sociales que han surgido con intensidad en varios países de la región.

“La desigualdad conspira contra el crecimiento y recientemente ha dado lugar a conflictos por demandas sociales insatisfechas, como la insuficiente provisión de bienes públicos y la baja protección social”, afirmó Bárcena.

En ese sentido, indicó que América Latina y el Caribe ha experimentado un impresionante crecimiento de los estratos de ingresos medios durante las últimas décadas y siguen experimentando numerosas vulnerabilidades, tanto en ingresos como ejercicio de sus derechos.

A 2017 más de la mitad de la población adulta (52 por ciento) de los estratos medios no había completado 12 años de escolaridad y 36.6 por ciento tenía ocupaciones con un alto riesgo de informalidad y precariedad.

Además, refirió que 44.7 por ciento de las personas económicamente activas de los estratos medios no está afiliada o no cotiza en un sistema de pensiones.

Para enfrentar el flagelo de la desigualdad en dicha región, consideró necesario poner en marcha políticas universales de inclusión social y laboral que contribuyan a aumentar las capacidades humanas, la productividad y el crecimiento económico, a la vez que instalan una cultura de derechos y de ciudadanía social.

Agregó que la región requiere de un nuevo pacto social como instrumento político para implementar, en un contexto democrático, las políticas y las reformas institucionales con perspectiva estratégica, de mediano plazo y con menores riesgos de que sean revertidas.

Fuente: NTX