ALEJANDRO LELO DE LARREA

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador festinó la aprobación, en la Cámara de Diputados (previamente se avaló en el Senado), de las reformas Constitucionales que permiten la revocación de mandato, facilitan las consultas ciudadanas y posibilitan juzgar al presidente en turno por corrupción, fraude electoral e incluso delitos que no sean graves.

Sin embargo, en su afán festivo, López Obrador exhibió un talante autoritario. Incurrió en dos descuidos de forma, pero que pueden ser de fondo: dio por hecho que las reformas están consumadas, cuando aún falta que el Constituyente Permanente las avale. Que al menos 17 de los 32 Congresos Estatales aprueben esta minuta turnada por los diputados federales desde el mismo martes que la aprobaron.

Así lo dijo ayer el presidente en su mañanera: “Yo quiero dar a conocer que ayer la Cámara de Diputados aprobó dos reformas a la Constitución muy importantes”.

Seguramente López Obrador da por hecho que el Constituyente Permanente aprobará las reformas constitucionales, porque Morena tiene mayoría en 20 de los 32 Congresos estatales. Pero de cualquier manera, el trámite no ha transcurrido.

La segunda falta de López Obrador: se adjudicó atribuciones que de ninguna manera le otorgan en la reforma Constitucional, en específico para la revocación de mandato. ¡Hasta le puso fecha para llevarla a cabo! Si, lo hizo, aunque a él no le corresponde convocarla, sino a los ciudadanos y ciudadanas.

“La otra reforma muy importante es el que pueda juzgarse al presidente en funciones con la aplicación del método de la revocación del mandato. Esto es importantísimo”, expresó el primer mandatario ayer.

Siguió: “Se va a poder consultar a los ciudadanos después de tres años. En mi caso esta consulta va a realizarse en marzo del 2022, y me gustaría que fuese el 21 de marzo del 2022. Se va a preguntar si se quiere que continúe el presidente o que renuncie, el mismo día; hay que buscar nada más que sea un domingo, yo creo que ya podríamos saber… el 21 de marzo, sábado (que más bien caerá lunes), es buen día”, dijo.

Revocación, atribución ciudadana

Lo aprobado por los diputados establece que la revocación de mandato será “convocada por el Instituto Nacional Electoral (INE), a petición de los ciudadanos y ciudadanas”. Al menos deberán solicitarlo el 3 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, que hoy tiene poco más de 90 millones de personas. Es decir, se requerirían alrededor de 2 millones 700 mil firmas. Pero además, que incluya a por lo menos 17 entidades federativas.

La reforma en proceso, enviada al Constituyente Permanente, además, indica que la revocación se podrá solicitar sólo una ocasión, y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo Constitucional. Es decir, se convocaría entre diciembre de 2021 y febrero de 2022.

El procedimiento sería que una vez que el INE reciba la solicitud, tendrá un plazo de 30 días para verificar que se hayan cubierto los requisitos. Y de inmediato emitirá la convocatoria. La consulta se realizaría el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria, y en fecha no coincidente con las jornadas electorales, federal o locales.

Sí le cuadran los tiempos al presidente para que sea en marzo de 2022 pero no le corresponde a él ni siquiera solicitarlo. Es atribución exclusiva de los ciudadanos y ciudadanas solicitarla, sin que siquiera sea obligatorio, aunque López Obrador lo da por hecho. O sea, que va manipular a la población para que hagan tal petición.

El resultado de la revocación de mandato será vinculatorio, es decir, de aplicación obligatoria, sólo si participa al menos el 40% de la Lista Nominal: unos 36 millones de personas, de acuerdo con la composición actual de esa base de datos. Y sólo procederá si la mayoría absoluta votó a favor de dicha revocación.

Al final, en su mañanera, López Obrador volvió a pasar por alto al Constituyente Permanente, porque tampoco ha aprobado otra modificación a la Carta Magna. “También es importantísimo el que se haya aprobado la reforma al artículo 108 de la Constitución, para que el presidente de la República pueda ser juzgado por todos los delitos…”

Así, “en política, la forma es fondo”, frase acuñada por Jesús Reyes Heroles, que por cierto suele citar esporádicamente el presidente López Obrador.