Francisco Garfias

En la UNAM hay inquietud de lo que se puede venir en la llamada Máxima Casa de Estudios en estos tiempos de la 4T.

Algunos ven, en la potencial llegada del John Ackerman a la Secretaría General —no puede ser rector porque no es mexicano por nacimiento—, un intento por morenizar la universidad.

Al secretario general lo nombra el rector. Se dedica de tiempo completo a la UNAM. Tiene ayudantes, plazas, presupuesto y mucha injerencia en los programas universitarios. Puede modificarlos y orientarlos.

“Los 350 mil alumnos cuelgan de él”, nos dice un profesor universitario, de currículum pesado, quien está muy bien conectado en la comunidad universitaria.

Los más desconfiados sostienen que Ackerman en la Secretaría General sería el pago a la “deuda política” de la UNAM con el gobierno de AMLO.

John entró en esa casa de estudios con pie firme. No sólo maneja el programa Democracia, Justicia y Sociedad, sino que también conduce el programa Diálogos por la Democracia, en TV UNAM.

* Sobra decir que Enrique Graue, actual rector, se perfila para la reelección. Se lo ha ganado. No es imprudente. Ha llevado a la universidad en paz, a pesar de las provocaciones de las que ha sido objeto por grupos violentos.

Las condiciones en las que va a funcionar en los próximos cuatro años requieren alguien de temple, que ya traiga el orden de las cosas muy clarito.

Graue cuenta, además, con la confianza de AMLO y el apoyo del exrector José Narro, cuyo peso en la Junta de Gobierno —la que decide la elección— es considerable. Once de sus quince integrantes son afines a Narro.

* La Junta de Gobierno de la UNAM ya sacó la convocatoria para la elección. El 18 de noviembre debe tomar protesta el rector para el periodo 2019-2023.

A pesar de que han sido mencionados 14 posibles aspirantes, sólo hay tres que han hecho pública su aspiración:

El mencionado Graue, la socióloga Angélica Cuéllar, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, una mujer temperamental a la que definen como “políticamente neutra”.

Pero también Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ubicado en el grupo del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.

Pero lo que vemos es que hay una corriente muy fuerte que dice “nos quedamos como estamos”.

* El desafío que se viene, no sólo para la UNAM, sino para las universidades públicas estatales, es mayor. Los temores de la “autonomía amenazada” no son gratuitos. Están fundamentados en hechos.

1.- El 12 de diciembre de 2018 se les “olvidó” la fracción séptima del artículo tercero constitucional, relativa a la autonomía, a la reforma constitucional que se acababa de aprobar en el Congreso.

2.- Tres días después le dieron palo a la UNAM en el Presupuesto 2019. Cerca de mil millones menos; y a las universidades estatales, otros tres o cuatro mil millones.

3.- La Universidad Autónoma Metropolitana estuvo tres meses en huelga por asuntos político-laborales-sindicales sin que se hiciera gran cosa para solucionarla.

4.- Diputados estatales locales presentaron proyectos de leyes orgánicas para modificar las formas de gobierno y los mecanismos de elección de las autoridades en las universidades del Edomex y de Baja California Sur.

* El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de la diputada que lleva su segundo apellido, nos debe una explicación convincente de las razones que lo llevaron a admitir la validez de la “falsa licencia”, con domicilio Tennyson, que le habría servido para dictar “prisión preventiva justificada” a Rosario Robles.

La Semovi confirmó ayer que la licencia auténtica es la que presentó Robles con domicilio en Los Reyes, Coyoacán.

Súmele que la Judicatura volvió a recusar a la magistrada Graciela Rocío Santes Magaña para ocuparse del caso, a pesar de que quedó demostrado que no hay parentesco entre ella y el defensor de RoblesJavier Hernández Barros.

Cosas convenientemente raras que suceden, ¿no?