El subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob), Zoé Robledo, sostuvo que el primer eje del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024: política y gobierno, tiene como metas recuperar el Estado de derecho, erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad.

Al participar en el “Foro de Parlamento Abierto para el análisis y discusión del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024” en la Cámara de Diputados, precisó que la concepción de que el Estado de derecho y su garantía es sinónimo de uso de fuerza pública está alejada de la realidad.

En un régimen democrático se debe asegurar que el Estado de derecho sea para todos, sin comprometer las garantías de las personas, el medio ambiente, la identidad y consultar a los pueblos originarios.

La separación del poder político del económico también es un objetivo específico del PND, así como el cambio de paradigma en materia de seguridad y democracia, otro de los ejes, es integrar al régimen democrático grandes franjas de la población que se sentían excluidas de los procesos.

Robledo Aburto precisó que el PND estará a debate como instrumento de ejercicio del poder, e íntimamente ligado al titular del Ejecutivo federal, no solamente en la redacción, sino en sus propósitos; pues este documento se convierte en una hoja de ruta clara para los responsables del gobierno federal.

Se pronunció por atender los temas de revocación de mandato y la consulta popular. Además, resaltó la trascendencia de la política exterior a partir de la recuperación de los principios de migración, libertad e igualdad.

“El PND cumple con todas y cada una de las fracciones planteadas en la Ley de Planeación, señaladas de manera puntual, quizá de manera muy distinta a como se acostumbraba en otros sexenios, pero con objetivos y estrategias a las cuales nosotros acudimos como un mandato del titular del Poder Ejecutivo”.

El funcionario federal dijo que el PND tiene un propósito de deliberación pública; más que un plan de trámite, es una hoja de ruta para las políticas sectoriales. “De no cumplirse en el sexenio tendrá que analizarse desde la voluntad popular”.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, Juanita Guerra Mena, resaltó que es fundamental que en este contenido del Plan Nacional de Desarrollo estén plasmados idea y objetivos de lo que debe ser la visión de gobierno progresista, y acorde a las necesidades de la población.

En tanto, la directora del Instituto de Formación en Justicia y Derechos Humanos y especialista en Violencia de Género, Patricia Olamendi Torres, expresó que hoy se inaugura un cambio de régimen y hay temas que deben estar plasmados: régimen democrático y laico, igualdad de derechos, equilibrio en los factores de la producción y perspectiva de género.

Indicó que al ser el combate a la corrupción una de las banderas importantes del actual gobierno, la propuesta para erradicarla es limitada; hay que incluir programas de formación y capacitación para el funcionario público, que le permitan cumplir los requisitos de desempeño correcto y honorable de sus funciones, a fin de que esté a la altura de las necesidades.

Dijo que para prevenir la corrupción, se debe hacer pública la información relativa a procedimientos de contratación, datos de licitaciones. “No podemos combatir la corrupción si no tenemos clara la norma y el proceso”.

El titular de la Unidad de Riesgos y Políticas Públicas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, Roberto Moreno Herrera, resaltó que, conforme a la Ley de Planeación, el PND debe tener indicadores y metas  vinculados con la Cuenta Pública y el Sistema de Evaluación de Desempeño del Gobierno federal.

“Si no se tiene ese vínculo entre ambas cosas, lo que se puede arriesgar es el seguimiento al dinero, la rendición de cuentas y que se pueda perder en el transcurso de este espacio”, agregó.

Algunos vacíos en este documento son el concepto de ciudadanización, participación ciudadana y la apertura de espacios; integridad en el servicio público, desde la dignificación del servidor y el fortalecimiento del servicio profesional de carrera.

Otros aspectos ausentes, indicó, son apertura gubernamental y gobierno abierto y la inteligencia institucional. Existe omisión del Sistema Nacional Anticorrupción.

El investigador de Causa en Común, AC, Pablo Daniel Cabado Rodríguez, consideró que el PND no es un plan porque no se habla de indicadores de avances, no tiene metas, objetivos ni líneas de acción; tampoco se asignan responsabilidades ni se dan plazos para cumplir lo propuesto; “parece más una lista de promesas que un plan a seguir”.

Expresó su desacuerdo en que desaparezca la Policía Federal y no se menciona qué ocurrirá con las policías locales, estatales y ministeriales; estimó que se está dando una militarización de la fuerza pública. Coincidió en algunos puntos del Plan, como en el que se necesita atender las causas de la violencia, generar factores protectores y disminuir los riesgos.

La especialista en Seguridad Pública, María del Carmen Segura Rangel, dijo que el PND tendrá que garantizar orden y paz en la convivencia social, que haya un justo equilibrio entre el trabajo del gobierno y la sociedad; además, sus mecanismos deben orientarse a la prevención, la investigación, la persecución y el estímulo a la denuncia ciudadana.

Es fundamental un programa que ponga énfasis en la prevención e involucre a los sectores privado y social, a fin de evitar los delitos de alto impacto e impulsar la cultura de la legalidad, crear un cuerpo de investigación que aporte elementos para combatir la impunidad.

El experto en Política de Drogas, Jorge Hernández Tinajero, afirmó que las estrategias en materia antidrogas han sido contraproducentes; se requiere de una reforma basada en los derechos humanos para no criminalizar el consumo de sustancias ni estigmatizar a los usuarios, así como regular su mercado.

En ese sentido, refirió que dentro del PND se tendrá que considerar que el tráfico de sustancias es un asunto de seguridad, la adicción es competencia del sector salud, y el consumo es un derecho; es decir, regular las drogas no bastará para poner límites a las mafias del crimen organizado.

La especialista del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Lourdes Morales Canales, señaló que para fortalecer la gobernabilidad democrática es necesario incluir la parte de archivos, información, fiscalización y contabilidad gubernamental, evaluación y responsabilidad de los funcionarios.

Fuente: NTX