Luis Serieys Zárate

Ciudad de México

05/12/2018

 

Catorce mil trabajadores del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos iniciarán un juicio de amparo para revertir el retiro ilegal del registro de esa agrupación decretado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCyA).

 

Al respecto, Ismael Leija Escalante, secretario general de esa agrupación, manifestó que el ex secretario del Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifrián, se prestó a realizar una maniobra fuera de la ley por una componenda pactada entre él y Napoleón Gómez Urrutia, líder del viejo sindicato minero.

 

Por otra parte, condenó la violencia y las presiones ejercidas por el sindicato napista en contra de periodistas, que sólo han ejercido su derecho a la libertad de expresión, al denunciar las tropelías cometidas por Napoleón Gómez Urrutia.

 

Expuso que es absurdo el laudo emitido el jueves pasado por la JFCyA, de decretar la insubsistencia del registro al Sindicato Nacional Democrático Minero, debido a que carece de argumentos jurídicos de peso para justificar una medida tan deplorable, atrás de la cual se esconde una maquinación política emprendida por Gómez Urrutia.

 

Informó que en 2015 la Secretaría del Trabajo otorgó la toma de nota y el registro al Sindicato Nacional Democrático Minero, por lo cual tiene personalidad jurídica, al cumplir todos los requisitos marcados por la ley.

 

Consideró como risible la errónea justificación de la JFCyA sobre una supuesta duplicidad de los estatutos del Sindicato Nacional Democrático Minero con la vieja agrupación del gremio napista, como causa de la nulidad.

 

 

Puntualizó que las acciones de Gómez Urrutia, ahora amparado en su fuero de senador de Morena, reavivan la incertidumbre entre trabajadores y empresas, respecto a los cierres ilegales realizados por “Napito”, con el objeto de chantajear a las compañías propietarias de minas y siderúrgicas para obtener prebendas y dinero a cambio.

 

Recordó los casos de las huelgas en las minas de Cananea, Sombrerete y Taxco mantenidas por Napo durante más de 12 años y el bloqueo del ferroducto que provocó en mayo de 2017 para suspender la salida de mineral de fierro de la mina de Hércules, Coahuila, la principal productora de ese producto en el país.

Expuso que a Gómez Urrutia no le interesa el país, sino continuar con sus chantajes a empresas, puesto que con su fuero de legislador no puede ser detenido por los presuntos delitos que pueden seguirse en su contra.

 

Subrayó que Gómez Urrutia tuvo plena responsabilidad en el accidente de la mina Pasta de Conchos, Coahuila, puesto que, en su calidad de líder del Sindicato Minero Nacional aprobó las condiciones laborales al interior de ese centro laboral, en donde  ocurrió un accidente que costó la vida a 65 mineros, de los cuáles sólo pudieron ser rescatados los restos de dos de ellos.

 

Asimismo, recordó que sigue sin aclararse los desvíos de 55 millones de dólares del Fideicomiso Minero, que debieron entregarse a obreros de Minera Cananea y de 16 millones de pesos de trabajadores de Altos Hornos de México, que fueron a parar a las cuentas bancarias personales de “Napito”.

 

Anunció que 10 organizaciones gremiales independientes y pertenecientes a centrales como la CTM, CROC y CROM, que formaron la Unión Nacional de Sindicatos Mineros, Metalúrgicos y Metalmecánicos (Unasim), que representan a 90 por ciento de los obreros de esos sectores en el país, a la cual pertenece el Sindicato Nacional Democrático Minero, mantendrán una batalla legal y gremial para evitar que “Napito” trate de controlar los sectores mencionados.

 

 

 

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