Con el fin de garantizar la protección a los derechos de las personas mayores y revertir la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra actualmente este sector de la población, el senador Joel Padilla Peña propuso reformar los artículos 4 y 73 de la Constitución para incorporar un paradigma garantista del envejecimiento, reconociendo como sujetos plenos de derechos a los adultos mayores.
 
Mediante una iniciativa presentada al Pleno del Senado, el legislador del PT plantea que toda persona mayor tenga derecho a una protección integral y obliga al Estado a garantizar condiciones de igualdad, pleno goce y ejercicio de los derechos humanos en respeto irrestricto a su dignidad humana.
 
A fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad, Joel Padilla propone que la ley establezca la forma en que el Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas mayores.
 
Además, establece que el diseño de los programas y políticas públicas dirigidas a este sector de la población deben tomar en cuenta la participación, la perspectiva de género, la no discriminación, la autorrealización, la autonomía y la valorización de la persona mayor.
 
Al fundamentar la propuesta, el representante por Colima hizo énfasis en que es necesaria una ley capaz de ayudar a crear condiciones que permitan que los adultos mayores superar su situación de desventaja y mejoren su calidad de vida,
 
En este sentido, también planteó reformar el Artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso a expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, las entidades Federativas y los Municipios en esta materia.
 
Con dicha reforma, el Congreso de la Unión expedirá la Ley General sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, misma que deberá armonizarse con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas enfocados en ese sector de la población.
 
Los cuales son: poner fin a la malnutrición; garantizar la seguridad en el ingreso y en el acceso a los servicios de salud; incrementar sus oportunidades de empleo y aprendizaje; lograr la igualdad de género; proveerles viviendas y transportes seguros; y eliminar la violencia en su contra.
 
El petista informó que según datos del Consejo Nacional de Población, en México actualmente habitan 12 millones 973 mil 411 personas de 60 y más años, lo que representa poco más del 11% del total de la población nacional.
 
“Y las proyecciones estadísticas señalan que este grupo etario aumentará al 14.8% en 2030 y para 2050 conformará poco más del 20% de la población total. Se espera que para 2035 el número de adultos mayores sea igual al de niños”, detalló.
 
Señaló que las personas de edad se enfrentan a la falta de oportunidades de empleo estable y bien remunerado, así como al acceso a una pensión digna; además de sufrir distintas formas de abandono, abusos, maltrato y violencia que pocas veces son denunciadas por quienes las sufren.
 
“La incorporación tardía del tema de la vejez a la agenda pública y la visión fragmentada de la vejez y del envejecimiento, ha repercutido en una baja protección a los derechos humanos de las personas mayores, en una inadecuada coordinación interinstitucional e intersectorial, que ha dejado a los adultos mayores sufriendo marginación y discriminación”, lamentó el senador Joel Padilla.
 
El legislador por Colima resaltó que el Poder Legislativo tiene la imperativa tarea de diseñar un nuevo marco normativo constitucional en materia de personas mayores que permita implementar programas y políticas públicas con enfoque de derechos humanos, de género y sin discriminación.
 
Por ello, resaltó que la reforma constitucional que propone, contribuirá a la creación de leyes, políticas y programas que permitan una transformación sociocultural encaminada a revalorizar a los adultos mayores lo cual es de suma importancia.
 
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Desarrollo y Bienestar Social y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y posterior dictaminación.