La Cámara de Diputados recibió la minuta con proyecto de decreto para expedir la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que sustituirá a la Procuraduría General de la República (PGR).

El dictamen enviado a la Comisión de Justicia para su dictamen tiene como objetivo reglamentar la organización, el funcionamiento y ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía General, como un órgano público autónomo, a cargo de las funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación.

El documento señala que serían funciones del fiscal: investigar y perseguir los delitos; ejercer acción penal; procurar la reparación del daño de las víctimas; adoptar y, en su caso, promover la adopción de medidas de protección en favor de éstas y de testigos u otros sujetos procesales.

También podría intervenir en el proceso de ejecución penal, en acciones de extradición activa y pasiva, así como en las de inconstitucionalidad o controversias constitucionales.

Se busca dotar al titular de la Fiscalía General de la facultad para elaborar el Plan de Persecución Penal que deberá considerar las prioridades nacionales, establecidas en la política criminal, para orientar las atribuciones institucionales y las prioridades en la investigación, persecución y ejercicio de la acción penal, así como los objetivos de la institución en el corto, mediano y largo plazos.

La Fiscalía General de la República contaría con cuatro Fiscalías Especializadas: en materia de Derechos Humanos; en Delitos Electorales; en Combate a la Corrupción y en Asuntos Internos y los titulares serían designados y removidos por el fiscal General.

El nombramiento del fiscal General se sujetaría a lo estipulado en el artículo 102, Apartado A, de la Constitución; es decir, a partir de la ausencia definitiva del fiscal General, el Senado de la República contará con 20 días para integrar una lista de al menos 10 candidatos, que enviará al Ejecutivo federal, quien tendrá 10 días para formular una terna que regresará al Senado para que el pleno elija al fiscal General.

Si el Ejecutivo no recibiera la lista en el plazo citado, enviaría libremente al Senado una terna y designaría provisionalmente al fiscal General, quien ejercería sus funciones hasta que haya una designación definitiva. El encargado de la Fiscalía podrá formar parte de la terna.

La Ley Orgánica establece que el titular de la Fiscalía sólo podría ser removido por el Presidente de la República por incumplir de manera reiterada los fines institucionales; por participar, tolerar, consentir o apoyar violaciones graves a los derechos humanos, o cometer faltas importantes a la Constitución.

Fuente: NTX