La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la revisión del amparo directo que promovió Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro, contra la sentencia que lo sanciona con la inhabilitación temporal para ocupar puestos públicos durante 20 años.

Ello por la omisión de supervisar a servidores públicos sujetos a su dirección, quienes recibieron con diversas inconsistencias las obras de la Línea 12 del Metro, por lo que quedó firme la sentencia recurrida.

Horcasitas demandó la nulidad de la resolución dictada por el director de Responsabilidades y Sanciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General capitalina, en el expediente de Procedimiento Administrativo Disciplinario CG DGAJR DRS 0113/2014.

Asimismo, promovió un amparo contra la sentencia que confirma la sanción que se le dictó, porque omitió supervisar a diversos servidores públicos a fin de que cumplieran con sus obligaciones para salvaguardar la legalidad que debían observar en el desempeño de su empleo, ya que recibieron los referidos trabajos con inconsistencias en contravención a lo establecido en el párrafo primero del Artículo 57 de la Ley de Obras Públicas de la ciudad.

Al omitir supervisar a los servidores públicos sujetos a su dirección presuntivamente infringió lo establecido en la Fracción XX del Artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El quejoso señaló que dicha ley no establece catálogo alguno de las conductas que deben considerarse graves, sino que deja a la discrecionalidad de las autoridades encargadas de aplicarlas esa determinación.

Al respecto, el Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa determinó dejar insubsistente y emitir otra resolución, en la que se analizara tanto la conducta como los fundamentos precisados en la sentencia impugnada el 4 de septiembre de 2014.

Así se resolvió el procedimiento administrativo disciplinario CG DGAJR DRS 0113/2014, en relación con las incongruencias, omisión de estudio y violación al principio de exhaustividad, precisados en la ejecutoria concretamente.

Lo anterior por lo que respecta a la variación de la conducta atribuida al inconforme y en relación al Artículo 196 del Reglamento Interior de la Administración Pública de la Ciudad de México.