La senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez propuso crear el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, como un órgano independiente del Ministerio Público Federal, a fin de dotar de mayor imparcialidad y transparencia los dictámenes periciales, mejorar los estándares de calidad y atender la demanda existente en esta materia.
Con este motivo, presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Constitución con la que se busca fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones de procuración de justicia y proporcionar a los juzgadores las herramientas necesarias para emitir resoluciones con mayor apego a la verdad.
De igual forma, se promueve la profesionalización, capacitación, evaluación y especialización de los peritos, con el propósito de incrementar la capacidad de investigación de las autoridades y la atención oportuna para el esclarecimiento de los casos, indicó.
Resaltó que uno de los principales señalamientos respecto de nuestro sistema de procuración de justicia es que la autoridad que resuelve sobre el ejercicio de la acción penal es la misma que coordina la realización de los dictámenes periciales que se utilizan para demostrar la existencia de delitos.
En el caso Ayotzinapa, ejemplificó, las investigaciones efectuadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y el Equipo Argentino de Antropología Forense, arrojaron discrepancias y contradicciones fundamentales con la “verdad histórica” de la PGR, que buscó darle soporte a través de los servicios periciales.
Lo anterior, dijo, resulta verdaderamente grave, “pues es a partir de la emisión de dictámenes periciales como debe surgir la teoría del caso y no a la inversa”.
La senadora por el estado de Querétaro consideró impostergable la necesidad de contar con servicios periciales y forenses, autónomos e independientes, rigurosamente capacitados y certificados bajo los más altos estándares internacionales, ya que ello daría legitimidad y credibilidad a los peritajes.
Expresó que existen experiencias exitosas en otros países de Latinoamérica con órganos periciales autónomos, además de que representantes de organizaciones internacionales han manifestado su preocupación por la falta de independencia y  profesionalización de los servicios forenses.
En ese sentido, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Christof Heyns, en abril de 2014 recomendó a México crear una institución nacional de servicios forenses autónoma, con infraestructura adecuada y protocolos aplicables a nivel internacional, manifestó.
También, abundó, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evidenció en 2015 la falta de profesionalización de los funcionarios adscritos a los servicios forenses, por lo que planteó la importancia de contar con un instituto nacional autónomo, independiente de injerencias políticas y que se rija estrictamente por criterios técnicos y científico.
En la iniciativa se destaca que para evitar que la creación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses tenga un impacto presupuestal, se prevé que durante el primer año de operación se le asignen los recursos humanos y materiales con los que actualmente cuenta la dirección general de Coordinación de Servicios Periciales de PGR.
Asimismo, en la exposición de motivos se subraya que esta propuesta para reformar los artículos 20, 21 y 102 de la Constitución fue presentada en la Cámara de Diputados por la senadora Guadalupe Murguía el 13 de diciembre de 2016, sin embargo, no fue dictaminada.
Actualmente la población desconfía de la policía, del ministerio público o fiscal, del juez y hasta de los tribunales; los familiares de personas desaparecidas se ven en la necesidad de hacer sus propias investigaciones y se organizan para apoyarse mutuamente ante la inactividad de las autoridades, sostuvo en tribuna.
Por lo anterior, la senadora panista consideró que cualquier esfuerzo para fortalecer a las instituciones de procuración de justicia del país contribuirá a restablecer la confianza de la ciudadanía en esta materia y a atender las recomendaciones que se han hecho al respecto a nivel internacional.
La iniciativa, suscrita por el senador Emilio Álvarez Icaza, fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.