A poco más de un año de la entrada en vigor de la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal, la Secretaría del Trabajo colabora en los esfuerzos interinstitucionales para la reinserción a la sociedad de internos de los más de 370 penales país.

El subsecretario de Previsión Social, Ignacio Rubí Salazar, afirmó que con ello se contribuye a eliminar la desigualdad y discriminación del mercado laboral entre la población penitenciaria.

Admás fomenta el trabajo digno y decente para los 233 mil 469 internos, de los cuales 221 mil 337 son hombres (95 por ciento) y 12 mil 132 son mujeres (cinco por ciento).

Entre las acciones impulsadas dentro de la vertiente de la inclusión laboral, mencionó la incorporación en la Ley Nacional de Ejecución Penal de apartados, que tienen que ver con los antecedentes penales, la capacitación para el trabajo y las modalidades de empleo dentro de los centros de reclusión.

Indicó que desde 2013, mediante mesas interinstitucionales (ProLabora), se realizan jornadas de fortalecimiento de la empleabilidad de personas próximas a ser liberadas de 24 entidades federativas.

En estas actividades han participado casi cuatro mil reos, de los cuales dos mil 782 (72.16 por ciento) son hombres y mil 73 (27.83 por ciento) son mujeres, detalló la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en un comunicado.

“Estos elementos nos van a apoyar para poder impulsar la reinserción social de las personas en reclusión próximas a ser liberadas, precisamente, a través de su incorporación a la actividad productiva”, agregó.

Señaló que el mayor número de reos se encuentran en 278 centros de reclusión de los gobiernos estatales (148 mil 902), en los 17 federales (33 mil 888), los 13 del gobierno de la Ciudad de México (23 mil 947) y en los 71 municipales (dos mil 511).

Rubí Salazar subrayó que la legislación vigente evita que los antecedentes penales se constituyan en una barrera para la reinserción de personas que, tras cumuplir la pena que les fue impuesta, regresan y pretenden incorporarse a la vida económica y social.

“Esto les resultaba prácticamente imposible debido a la forma en la que, en el marco jurídico, estaban planteados los antecedentes penales, y que socialmente significaba un dique para contratar a una persona que había cometido un delito” y que “era prácticamente rechazada permanentemente”, comentó.

Para la emisión de constancia de antecedentes penales, puntualizó, el Artículo 27 de la nueva ley cancela la información contenida en la base de datos y en el Sistema Nacional de Información Penitenciaria del Sistema Único de Información Criminal.